FSC-CCOO Carretera y Logística | 15 abril 2024.

CCOO exige que se garantice la seguridad de las y los profesionales del transporte por carretera ante el conflicto de la agricultura

    Las personas conductoras asalariadas vuelven a ser víctimas de la connivencia entre el lobby del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y el Ministerio de Transporte para perpetuar el deterioro del sector.

    08/02/2024.
    Camiones circulando por una autovía

    Camiones circulando por una autovía

    Ante las movilizaciones de agricultores y plataformas de autónomos y pymes, desde CCOO exigimos:

    • Que el Ministerio del Interior, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado garanticen la seguridad e integridad física de las personas conductoras.
    • Que las empresas sean responsables y no obliguen a sus trabajadores/as a transitar por carreteras en conflicto.
    • Que el Ministerio de Transportes no altere la legislación de tiempos de conducción y descanso que pone en riesgo la seguridad vial y la seguridad laboral de las personas conductoras.
    • Respeto al sistema de relaciones laborales. El ministerio dirigido ahora por Óscar Puente y su secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, continúan violentando el marco de relaciones laborales, plasmado en la Constitución y caracterizado por el diálogo social, al negociar las condiciones laborales y la regulación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras solo con las patronales del sector marginando a los sindicatos.

    Según ha informado el propio ministerio, se reunió ayer con las grandes patronales del transporte y la logística en grupos de trabajo en los que no participan los sindicatos para tratar cuestiones como la jornada laboral, los salarios de los trabajadores del sector, la falta de conductores o las consecuencias que para el empleo tendrán cuestiones como la conducción autónoma, la apuesta por el ferrocarril, la falta de conductores/as. El Ministerio de Transportes sigue funcionando con criterios de dudosa constitucionalidad, según los cuales el patrón representa también a sus trabajadores y trabajadoras.

    Una vez más el CNTC se presenta en el Ministerio a cuenta de las movilizaciones convocadas por otros a cambio de ayudas económicas para ellos cuando son ellos mismos los responsables del deterioro del sector. A la par que exigen apoyo para el sector, son los causantes de la competencia desleal, la falta de personal o el trabajo por debajo de costes. 

    Desde CCOO no hablamos gratuitamente. Son los mismos que se sientan frente a nosotros en la negociación del Acuerdo General Estatal para las empresas de transporte de mercancías por carretera y en los convenios provinciales, los mismos que piden pagar a los empleados/as por kilómetros realizados o inflar las dietas para cotizar menos, los que rechazan la subrogación de trabajadores ante un cambio de empresario, se niegan a establecer un salario mínimo para las y los conductores extranjeros que prestan servicios en España, un salario mínimo para toda España o favorecer el anticipo de la edad de jubilación. Algunas patronales incluso se niegan a sentarse en la mesa para no regular las condiciones laborales de la distribución urbana de mercancías.

    La evolución del sector ha sido siempre ofrecer el viaje más barato hasta operar por debajo de costes y sacar márgenes de beneficio a costa de robarle vida a los conductores/as incumpliendo leyes y pagando por debajo de convenio. Este sistema enquistado que está conduciendo a la destrucción del sector se sigue subvencionado, en lugar de abordar un plan social para su regeneración mediante el diálogo social tripartito que propone CCOO y que tan buenos resultados ha dado en otros ámbitos. Sin embargo, la gestión del transporte de mercancías por carretera por parte del Ministerio continúa en manos del lobby del CNTC y su política neoliberal populista. 

    Prueba de la anarquía imperante es la solicitud atendida por el Ministerio a raíz de las movilizaciones, y cuya prórroga se pide, de suspender la normativa europea que limita los tiempos de conducción para garantizar la seguridad laboral vial y la de los conductores/as obviando que existe una normativa laboral recogida en los convenios en materia de jornada. Se anteponen los intereses económicos a la seguridad.